Los fiscales Mariana Rivadeneira y Carlos Picón solicitaron la detención de un empleado judicial que no estaba cumpliendo con la cuarentena preventiva, según confirmaron fuentes de Tribunales.
La Superintendencia del Ministerio Público Fiscal comenzó a constatar que sus empleados que habían accedido a la licencia especial por aislamiento estaban cumpliendo con la medida de protección.
Los médicos del MPF realizaron la constatación y descubrieron que el empleado (está nombrado como personal de maestranza especializado) no se encontraba en su domicilio. Los fiscales solicitaron la detención al juez Mario Velázquez, quien aceptó el planteo.
El detenido fue trasladado hasta el Centro Judicial de Monteros donde se le imputó por haber violado la Ley y puesto en peligro la salud pública. El sospechoso, según el artículo 205 del Código Penal, puede ser reprimido con prisión de seis meses a dos años por haber violado las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia.
El juez Velázquez ordenó que el empleado cumpla con la detención en su domicilio. Además, envió a la Comisaria de Monteros, un oficio para informarle de la situación y para que designe el personal que deberá vigilarlo.
Pese a que no trascendieron los detalles, los médicos del MPF le otorgaron la licencia que vencía mañana.